El portavoz de WWF en Huelva, Juan José Carmona, ha asegurado este lunes que, al cumplirse dos años del incendio de Doñana, originado en el paraje de Las Peñuelas en Moguer (Huelva) y que afectó a un total de 10.340 hectáreas, en su mayor parte de titularidad pública situadas en montes de los municipios de Almonte, Lucena del Puerto y la localidad moguereña, ha señalado que «queda el mayor reto, aplicar el plan de restauración» diseñado por expertos.
En declaraciones a Europa Press, Carmona ha precisado que «ya se ha hecho el trabajo que se correspondía con este periodo, que era tomar medidas lógicas de urgencias, algo que se ha realizado de manera modélica, e ir llevando a cabo las actuaciones para dejar trabajar a la naturaleza y apoyarla». A partir de ahí, para Carmona, «queda el mayor reto, aplicar este plan que contó con el Consejo de Participación de Doñana», ha remarcado.
Desde WWF consideran que es «un buen plan de restauración y lo importante es llevarlo a cabo y que acompañe la climatología, ya que no es lo mismo recuperar un entorno como este a corto plazo en próximos años de sequía o de lluvia».
«Tenemos que tener en cuenta que se han perdido monte con una madurez de 50 y 60 años y volver a recuperarlo es cuestión de largo plazo y de mucha paciencia», ha remarcado Carmona, quien ha instado a «poner en marcha las lecciones aprendidas como la creación de un bosque más heterogéneo».
No obstante, ha precisado que lo que se está llevando a cabo «se está haciendo bien y dando los pasos necesarios para que la restauración de la zona afectada pueda servir de ejemplo».
Dos años después del incendio continúan los trabajos de reforestación, tal y como diseñaron los expertos en el plan de restauración, y la Junta de Andalucía ha ampliado los gastos de daños y extinción a 96,1 millones de euros, una cantidad que un principio se cifró en 73,2.
Según reza en el informe definitivo sobre afecciones y costes, al que ha tenido acceso Europa Press, los gastos abarcan desde las tareas de extinción hasta la restauración de toda la zona afectada por el fuego y el aprovechamiento de madera, leña, forestales o cinegético, la pérdida del valor recreativo, carriles bici, pasarelas, instalaciones o la muerte del lince ‘Homer’, entre otros.
A su vez, esta cantidad de 96 millones las Fiscalía de Huelva la ha redodeando hasta los 100 teniendo en cuenta que hay numerosas infraestructuras que se vieron dañadas que no son titularidad de esta administración.
El fuego, que comenzó a las 21,15 horas del 24 de junio de 2017 uniéndose muchos factores para su propagación con virulencia como la hora, los 42 grados de temperatura que hacía y vientos de más de 90 kilómetros por hora, obligó al desalojo de más de 2.000 personas, muchas de ellas alojadas en el Hotel Solvasa, en el Parador de Mazagón, en el camping Doñana, y otros vecinos las casas de la zona conocida como Bonares, inmigrantes de asentamientos de las zonas de Las Madres y Las Posadillas, personal del INTA y el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, donde falleció un lince. La infraestructura más dañada fue el citado camping, que quedó asolado y que reabrió sus puertas un año después de este siniestro.
Rápidamente aquella mañana de domingo se instaló el Puesto de Mando Avanzado en Mazagón, al que acudieron varios representantes políticos como la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o los exministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la de Empleo, la onubense Fátima Báñez, así como el exconsejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y alcaldes de la zona, que iban informado a la prensa de la situación, momento en el que nadie «descartaba el factor humano».
El fuego se dio por extinguido el 4 de julio de 2017 gracias a la rápida actuación de los 700 efectivos, entre bomberos forestales del Plan Infoca, agentes de medio ambiente, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) y de la Unidad Militar de Emergencia y, dos meses después, la citada BIFF apuntó en su informe como causa del citado incendio a una «negligencia por descuido» de una carbonería de la zona, así como que un día después del inicio del fuego desde la empresa se envió maquinaria pesada para realizar «movimientos de tierra».
En cuanto a la causa judicial, que lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer, la instrucción aún no ha finalizado y se siguen practicando diligencias constando como investigada la citada carbonera con más de 200 perjudicados.
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