La Asociación Bebés Robados Huelva, encabezada por su presidenta, Esperanza Ornedo Mulero, acompañada por el letrado de la asociación, José Luis Orta, han viajado a Madrid los días 3 y 4 de noviembre con el fin de “seguir peleando por una causa justa” y conseguir el esclarecimiento de casos.
Según han informado en una nota de prensa, buscan impulsar los objetivos que durante más de una década tienen marcados en su agenda y que pasan “por descubrir la verdad de lo que ocurrió con el robo de
bebés en la provincia de Huelva”.
En concreto, tres han sido las reuniones celebradas en Madrid; con la Fiscalía General del Estado, con representantes del Senado y con el Ministerio de Justicia.
La primera reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado y en ella se han tratado varios puntos relativos al apoyo desde Madrid en las actuaciones que se deben llevar a cabo en toda España, y en concreto en Huelva, basadas en la circular vinculante que en su momento emitió el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Como han explicado, dicho apoyo se traduce entre otras medidas como no solicitar el archivo de las actuaciones hasta en tanto no se desarrollen las investigaciones al completo; contemplar el delito como detención ilegal, así como determinar que la prescripción legal de 15 años no se compute desde el nacimiento del bebé robado, sino desde que tuvo conocimiento del delito.
La segunda reunión tuvo lugar en el Senado, donde representantes de la Cámara Alta trataron de forma específica el impulso a la futura Ley de Bebés Robados, “ley que actualmente se encuentra en proceso de formación (proposición de Ley) y se están incorporando enmiendas para darle un cuerpo concreto final”.
La tercera y última reunión tuvo lugar con el Ministerio de Justicia, el cual expresó su interés en dicha futura ley manifestando la atención que prestan a su evolución y mostrando su firme creencia de que será una ley justa y tremendamente necesaria en la que se contempla tipificar la sustracción de bebés como un delito concreto y que la prescripción se amplíe para que los afectados puedan ejercer sus derechos.
También se habló de la idea de “fijar como víctimas en el más amplio concepto legal a los bebés robados, adultos actualmente, y a sus familias directas”, así como la posibilidad de que los asuntos lleguen al Tribunal Supremo para que unifique la doctrina existente a través de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asimismo, en relación al tema de los adoptados, como han indicado, el Ministerio de Justicia se ofrece como vehículo para que puedan averiguar toda la información existente de sus historiales médicos y
expedientes de adopción, así como el registro de su ADN para cotejarlo con la base de datos creada hace unos años con objeto de futuros reencuentros entre familiares.
En definitiva, se trata de días de reuniones “fructíferas” con las más altas instancias de este país, la Fiscalía General del Estado, Senado y Ministerio de Justicia con el fin de “seguir peleando por una causa tan justa como el esclarecimiento de la trama de los bebés
robados”.
