La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que presuntamente estafaba y explotaba a ciudadanas extranjeros, dentro de la operación ‘Adelita’, que se ha saldado con dos registros y siete detenciones en las provincias de Huelva, Madrid y Segovia.
Así lo ha desvelado este miércoles el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, José Luis Ramírez, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, quienes han dado a conocer la investigación llevada a cabo por el Instituto Armado con la colaboración de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
En la operación se han identificado a cerca de 400 inmigrantes –la Guardia Civil estima que la cifra puede llegar a más de 1.000 afectadas– en situación de estancia irregular de diferentes nacionalidades.
Estas personas eran víctimas de la organización criminal que distribuía a las afectadas como empleadas internas del hogar o en trabajos agrícolas sin darles de alta en la Seguridad Social y sin contrato, por lo que se acusa a los miembros de este grupo de cometer delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por estafa.
El grupo criminal habría iniciado su actividad en el año 2017, creando desde entonces una red de clientes por toro el territorio nacional, que se encargaban de localizar y canalizar a los inmigrantes hacia puestos de trabajo escasamente remunerados y con condiciones laborales abusivas –con jornadas en ocasiones de más de 14 horas diarias– aprovechándose de la situación de precariedad de las victimas.
Las víctimas principalmente han llegado a España en transporte público, procedentes de París (Francia), previo cobro de una cifra entre 250 y 350 euros, para destinarlos a trabajos agrícolas y empleos en el hogar.
Además de las jornadas abusivas, no se les ha proporcionado contrato, ni se les ha dado de alta en ningún régimen de la Seguridad Social, para lo que el colectivo habría creado una asociación social y cultural radicada en la provincia de Segovia, con la que blanquear y encubrir sus actividades criminales.
Según Ramírez, los sueldos de estas personas han oscilado entre los 600 y 800 euros –el sueldo mínimo actual son 1.050 euros–, pese a las jornadas maratonianas que tenían que afrontar las víctimas.
La líder de la organización, según datos de la Guardia Civil es una mujer de nacionalidad chilena, con «bastantes años de residencia en España», ha detallado Ramírez, y que sería la principal encargada de recibir y distribuir a los estafados en su llegada a España.
Esta persona se haría pasar por miembro de otros colectivos como ONG o asociaciones de acción social, legalmente establecidas y reconocidas.
En la trama habrían participado y se habrían beneficiado de esta explotación algunas empresas, fundamentalmente del sector agrario, a las que se habría iniciado expedientes sancionadores, las cuales pueden conllevar multas de entre 10.001 y 100.000 euros por infracción muy grave a la ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.