Cuatro de los peritos de la Fiscalía de Sala y Medio Ambiente que participaron en la investigación en la finca Matalagrana de Almonte (Huelva), en el entorno del Parque Nacional de Doñana, tras una denuncia de un particular por la extracción de aguas de sondeos en la zona, han señalado este martes que los mismos no tenían autorización para el riego de los cultivos en los años investigados, de 2009 a 2012, ya que los agricultores “no aportaron” una documentación que lo acreditara.
Así lo han indicado tanto el jefe de la unidad técnica como otros tres trabajadores de la misma durante la quinta sesión del juicio contra 13 agricultores con parcelas en esta finca y los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (en aquel entonces alcalde por el PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y que se celebra en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva.
En este sentido, el jefe de la unidad ha señalado que en el informe se concluía que “se había extraído una cantidad de agua que no tenía autorización”, al tiempo que ha apuntado que los agricultores se mostraban convencidos de que podían extraerla en base al convenio sobre la cesión de parcelas que habían firmado con el Ayuntamiento, añadiendo que algunos manifestaban que desde el Consistorio les habían indicado “que no pasa nada”.
Asimismo, ha señalado que durante su visita a algunas de las parcelas solo encontró un contador en uno de los sondeos “porque ellos consideraban que no necesitaban ningún tipo de permiso” y que este contador era “para la propia gestión de los agricultores”, por lo que sería “imposible” calcular la cantidad de agua extraída en ese periodo, ya que los contadores homologados si guardan “un histórico”.
De este modo, ha explicado que se basaron en la documentación entregada por los mismos concesionarios –entre los años 2009 y 2012– de manera que no tenían otra información “para comparar” y llegar a una conclusión “verídica”.
En este punto, el perito ha explicado que según los informes que facilitaron las empresas el uso del agua “era superior al que necesitaban para ese tipo de cultivo”.
Igualmente, el informe pericial concluía que la vía de entrada de agua al acuífero era mediante la lluvia y que si las salidas eran mayores, “de forma continuada” y no se controlaban, se produciría una alteración en la formación que da lugar al espacio natural, a la par que subrayado que no podía valorar a qué especie podía afectar, pero que “afectará a lo largo del tiempo”.
En una línea similar se han pronunciado los otros tres peritos de la Fiscalía que firmaron los informes, quienes han mantenido que la inscripción del sondeo “no supone una autorización para la extracción de agua”, así como que hasta que no se resolviera la inscripción de dichos sondeos, a nivel legal, “no se podía hacer uso de ese agua”.
