La organización internacional Vía Campesina –compuesta por sindicatos españoles y marroquíes y distintos colectivos europeos– ha presentado este miércoles un informe en Huelva en el que señala que el 30 por ciento de los diez millones de jornales que genera cada año la campaña de los frutos rojos en la provincia “no se declaran” y que “con ello, se deja de ingresar en la Seguridad Social 36 millones de euros”.
Asimismo, en este informe que han realizado tras visitar en los últimos días a campos onubenses destacan como otra de las conclusiones, y en referencia al convenio colectivo, que “no se pagan los domingos, festivos ni horas extras”, que “no se paga el kilometraje” y que “ni siquiera se paga el salario de recolección”, fijado en 51,09.
Según los cálculos que realiza la organización, estos diez millones de jornales a 51,09 euros supondrían 511 millones de euros, pero que “sólo se declaran siete millones”, a los que si se les resta el 2 por ciento del IRPF, suponen 7.152.600 euros, “que es lo que se queda la Hacienda Pública, ya que ni los jornaleros autóctonos ni los contratados en origen hacen la declaración de la renta, cosa que habría que corregir”, han apuntado.
Del mismo modo, en el informe destacan que para esta campaña se necesitan 100.000 jornaleros, de los cuales 12.200 son de contrato en origen procedentes de Marruecos, 500 con contrato en origen de Ecuador y Honduras, calculan que “alrededor de 35.000 personas de países europeos y subsaharianos” y el resto son andaluces.
En este punto, el informe recoge que debido a estas campañas de recolección, “en estas épocas, los pueblos se multiplican de habitantes”, por lo que “surge una deficiencia notable en los diferentes servicios esenciales como la sanidad, la educación y la limpieza” y calcula que en los asentamientos “pueden vivir unas 5.000 personas durante la temporada fuerte en unas condiciones infrahumanas”.
A este respecto, en el informe han advertido que se encuentran con “un trato pésimo en los tajos, no se declaran todos los días trabajados, hay contratos sin dar de alta” y que “incluso se realizan contratos a trabajadores sin regularización ninguna”.
Por ello, Vía Campesina propone alternativas para “combatir estos conflictos” como la creación de un cuerpo especial de inspectores que visite diariamente los campos para “terminar con estas irregularidades”; que se dé orden al Seprona para “proporcionar una vigilancia más estricta” que detecte, entre otras cosas, “la construcción de pozos ilegales”; declarar delito penal los incumplimientos de la normativa laboral; o que a los contratos en origen se les garantice un mínimo de 23 días mensuales de trabajo o la obligatoriedad de que el empresarios facilite alojamiento gratis, entre otras.
El portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), ha manifestado en rueda de prensa que “hay que dar una solución a lo que ocurre en el sector de los frutos rojos de Huelva”, toda vez que ha añadido que “se están vulnerando los derechos humanos de las personas trabajadoras, sean nativas o extranjeras” porque “todos tienen derecho a vivir en unas condiciones dignas”.
Asimismo, ha dicho que “no se puede consentir que se estén expoliando todos los recursos naturales de estas tierras sin ningún tipo de control”, antes de añadir que “no hay peor imagen de sector que no cumplir con los derechos humanos”.
