Esta convocatoria, que recogía 21,2 millones en subvenciones, ha recibido 29 peticiones de promotores públicos y cuatro de privados
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha recibido más de una treintena de solicitudes de promotores públicos y privados para optar a las ayudas para la construcción de viviendas en régimen de alquiler. La convocatoria de fomento del parque en alquiler, que se publicó a mediados de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se ha cerrado finalmente con 33 solicitudes que permitirían la construcción de 990 viviendas. De ellas, 29 propuestas proceden de empresas municipales de la vivienda, con un total de 860 viviendas, mientras que el resto, cuatro, pertenece a promotores privados.
A esta convocatoria, a la que podían concurrir promotores públicos y privados, fundaciones y ONG, se han presentado candidaturas de todas las provincias andaluzas salvo Jaén. La provincia de Málaga es la que cuenta con más solicitudes, con ocho propuestas para edificar 502 viviendas, de las que la mayoría proceden de la capital. En volumen, le siguen la provincia de Huelva, con otras ocho solicitudes para construir 204 inmuebles, y Almería, con seis peticiones para 140 viviendas. Completan este cuadro las provincias de Córdoba, con cuatro promotores para 40 viviendas; Cádiz, con tres para 71 inmuebles; Sevilla, con tres solicitudes para 23 viviendas; y Granada, con una promoción de diez viviendas.
Esta orden, que recoge subvenciones por un importe de más de 21 millones de euros, forma parte de la estrategia de la Consejería de impulsar la construcción de viviendas con protección para recuperar la oferta de vivienda a un precio asequible. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha remarcado que una línea prioritaria del Gobierno andaluz es el acceso a una vivienda digna a todos los andaluces y en especial con los que tienen más dificultades para acceder a la misma, como los jóvenes o colectivos con dificultades.
La convocatoria cuenta, por una parte, con financiación estatal de 16.500.000 euros con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y, por otra parte, con financiación autonómica, que aporta 4.675.000 euros. El importe se reparte en tres anualidades (entre 2019 y 2022) y se distribuye en función del tipo de beneficiarios.
La Secretaría General de Vivienda de la Consejería se encargará ahora de analizar cada una de las solicitudes por si cumplen todos los requisitos de la convocatoria y, de ser así, resolverla y proceder al reparto de las subvenciones. Una vez que se complete este proceso, los promotores adjudicatarios de las ayudas cuentan con un plazo máximo para la ejecución de las actuaciones de 30 o 36 meses, según el número de viviendas de la promoción. Para garantizar la finalización de estas viviendas se abonará el último 20 por ciento de las ayudas una vez que estén terminadas y un 20 por ciento de las mismas ocupadas.
