Las defensas de los investigados por el supuesto soborno a dos concejales de ‘Sí se Puede’ –Pedro Escalante y Francisco José Martín– en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) para supuestamente frustrar la moción de censura impulsada por el PP en la citada localidad en enero de 2017, cuando gobernaba el PSOE, en una comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva prevista en la Ley de Jurado, han pedido el sobreseimiento de la causa, mientras que la Fiscalía ha presentado un escrito concretando los hechos que atribuye a los investigados a falta de nuevas diligencias.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, las defensas, además de pedir el sobreseimiento de la causa, han solicitado una serie de nulidades de las actuaciones que ya plantearon ante la Audiencia, y tras ello la magistrada tiene que resolver la continuación del procedimiento o el sobreseimiento y pronunciarse sobre la petición de las diligencias que han solicitado las partes.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado nuevas declaraciones y la comprobación de un archivo informático, mientras que las defensas han pedido que, si sigue el procedimiento, se cite a declarar al denunciante de los hechos, al que no pudieron interrogar en su momento porque la causa estaba declarada secreta.
En este caso, cuatro de los investigados –los dos ediles, un sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, una responsable de Adecco, un directivo de recursos humanos de Aguas de Huelva y el secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo– no han comparecido ante la jueza conforme a la Circular 4/1995, de 29 de diciembre de la Fiscalía General del Estado, asistiendo a la comparecencia sus representantes legales, y la juez, tras escuchar a las partes, decidió que se podía celebrar sin el resto de investigados.
Cabe recordar que este caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación ‘Sí se puede’, en la que exponía que la citada moción de censura fue retirada supuestamente «tras ofrecer un intermediario del PSOE y miembro de CCOO un empleo en la empresa Aguas de Huelva a la mujer de uno de los dos ediles electos» de esa formación, aportando unas grabaciones.
