Los abogados de la defensa de los 15 acusados por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los años 2009 y 2012 en explotaciones sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) han solicitado este viernes la absolución de sus representados, al considerarlos «víctimas» de una actuación «negligente» de las administraciones central y autonómica, al tiempo que los propios acusados –agricultores y exalcaldes– se han declarado inocentes y han pedido «que se les deje trabajar por Doñana».
Así lo han expuesto en el octavo y último día de juicio contra 13 agricultores y los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (en aquel entonces alcalde por el PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva y que este viernes ha quedado visto para sentencia.
De este modo, los abogados de los agricultores han mantenido que «la única culpa» de los concesionarios de las parcelas de la finca ha sido «confiar excesivamente en el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y en la Confederación Hidográfica del Guadalquivir (CHG)», aseverando que, al no ser propietarios de las tierras y no tener acceso directo a la documentación sobre las mismas, no fueron conocedores del desistimiento de los sondeos hasta 2018, por lo que, en los años investigados, de 2009 a 2012, «no sabían que no podían regar».
En este punto, han indicado que no ha habido dolo (intencionalidad), ya que «nunca ha habido conciencia o voluntad de hacer daño», a la par que han destacado que los convenios para la cesión de las tierras hacían referencia a un «apoyo mínimo de riego», en una finca que contaba con 13 sondeos «privados», y que se había escogido «por sus características hidrológicas», así como que desde el IARA les indicaron que había habido un «error» a la hora de registrarlos con la nueva ley de Aguas de 1985, pero que «estaba solucionado», por lo que creen que «si alguien ha actuado improcedentemente son las administraciones».
De este modo, han recordado que la Junta se guardaba el derecho a la rescisión de esos convenios si consideraba que se estaba llevando a cabo algún tipo de actividad ilegal y que, «sin embargo los mismos fueron renovándose, siendo el último en 2007 con una vigencia de 25 años», a la par que han incidido en que los expedientes sancionadores de la CHG eran «leves» y «nunca incluyó la petición de cierre de ningún pozo o cese de extracciones».
En este sentido, han reseñado que «ninguna administración advirtió a los colonos que debían dejar de usar los pozos, ni siquiera con la llegada de los expedientes».
Por esto, han insistido en que la respuesta por parte de las administraciones era la del «problema burocrático», destacando que «tan es así que finalmente en 2020 se les acabó dando la concesión para el riego» y «la nota de prensa emitida en el momento por la CHG hablaba de tramitación histórica del expediente».
Además, han añadido que muchos de los testigos del juicio «jamás tuvieron la más mínima duda de que el agua estaba cedida», al igual que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil declararon que los agricultores «tenían el convencimiento de que podían regar» y su informe hablaba de «dejación de funciones» por parte de la CHG.
Con respecto a la afección al acuífero, la defensa ha subrayado que «no se puede acreditar» que el riego de Matalagrana «haya afectado al mismo, como así indicó el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano», ya que el mismo señaló en su declaración que «no se han identificado dentro del parque afecciones concretas vinculadas a la zona de Matalagrana».
Asimismo, los abogados han destacado que el Tribunal Supremo sentenció en 2012 que el acuífero «se encontraba en buen estado» y que, si bien creen «indiscutible» que la tendencia es descendente, «se están juzgando las campaña que comprenden de los años 2009 a 2012».
Finalmente, la defensa de los concesinarios ha afirmado que «no son unos ladrones de agua, sino agricultores que han hecho mucho bien por Doñana» y consideran que son «víctimas de una situación injusta».
Por ello, la defensa de los agricultores de Matalagrana ha solicitado «su absolución, no conformándose con la reducción de penas propuesta por las acusaciones en el trámite de conclusiones finales», al entender que su actividad durante las campañas 2009 a 2012 «fue completamente legal y son inocentes de todos los cargos que se le imputan».
Por su parte, las defensas de los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (en aquel entonces alcalde por el PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), han pedido también la absolución de los mismos, al «no tener el Ayuntamiento competencias en materia de agua», al tiempo que han destacado que «solo era un simple intermediario entre la Junta y los agricultores», por lo que creen que los acusados «deberían ser las administraciones con competencias en esta materia», por «dejación de funciones».
En esta línea, han subrayado que no tienen implicación «ni como colaboradores ni como cómplices», apuntando que no comprenden «que se exima de responsabilidad a quienes sí tienen esas competencias».
En su turno de palabra, los exalcaldes se han declarado inocentes, al igual que los agricultores, y han solicitado que «les dejen trabajar por Doñana». En este punto, Bella ha señalado que «algunos ecologistas intentan degradar la imagen» del parque natural y «solo generan un juicio mediático», apuntando que el documento del ‘Robo del agua en Doñana’ tiene «poco rigor», al tiempo que ha añadido que como alcalde ha tratado de ayudar a su pueblo y que «en Huelva somos capaces de hacer las cosas bien».
Por su parte, Domínguez ha aseverado que cree que lo que se busca es «una sentencia ejemplarizante» y que «los agricultores de Matalagrana no son los enemigos de Doñana», a la par que ha pedido «justicia» para que «se acredite que el modelo del proyecto de agricultura ecológica es efectivo».
De otro lado, la Asociación de Agricultores de Matalagrana ha emitido un comunicado de prensa en el que han señalado que actualmente, «nadie discute que la utilización de los sondeos existentes en la finca Matalagrana es legal tras resolver un procedimiento iniciado en 1988», así como que «el procedimiento penal trae causa de una denuncia realizada hace años respecto de numerosas explotaciones agrícolas realizadas en el entorno de Doñana».
Además, han querido diferenciar la actividad de agricultura ecológica de Matalagrana con respecto a la de otras explotaciones, señalando que «los terrenos y sondeos de la finca pertenecen a la Junta, y fueron transformados legalmente (en los años 1973-1975) para destinarlos a la agricultura de regadío en el marco del denominado ‘Plan Almonte Marismas'», destacando que la explotación de los terrenos y sondeos «se hace conforme a los convenios suscritos con el Ayuntamiento que, a su vez, ha suscrito convenios con la Junta, propietaria de los terrenos y sondeos».
En este sentido, han destacado que el los pozos y sondeos «no estaban ocultos, ni se ha impedido en ningún caso la supervisión de los mismos», así como que «no se ha alterado ningún paraje forestal o zona protegida» y que «se emplean técnicas para lograr la máxima eficiencia en el uso del agua».
«Los agricultores de Matalagrana han sido premiados y reconocidos por
diferentes entidades públicas y privadas por el éxito de su pionera
actividad de producir frutos rojos de forma sostenible (agricultura
ecológica e integrada) en el entorno del Espacio Natural de Doñana».
Finalmente, han alegado que la acusación formulada «no ha probado que la ejecución de los sondeos y su utilización sea ilegal, ni mucho menos, que haya puesto en riego la conservación del Espacio Natural de Doñana».
