La Policía Nacional, en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha detenido a cinco personas por el presunto fraude de más de dos millones de euros cometido por una farmacia de Huelva a la Seguridad Social.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los detenidos son un farmacéutico, tres empleados de la farmacia y el responsable de una imprenta. Estas detenciones se han producido mediante una operación contra el fraude a la Seguridad Social en materia de sanidad y a los detenidos se les imputan delitos continuados de falsedad documental y estafa al Servicio Andaluz de Salud.
La investigación se inició en el mes de diciembre de 2018, después de que la Policía Nacional recibiera un escrito de la Fiscalía Provincial de Huelva en el que se participaba de unos hechos detectados por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, donde se alertaba de una serie de irregularidades en las recetas facturadas por una farmacia de Huelva.
En los inicios de la investigación, los agentes detectaron cómo en las recetas facturadas por esta farmacia existían cupones-precintos de medicamentos falsos, localizando a usuarios de la farmacia que advertían de la retirada de sus medicamentos por parte de la misma sin su autorización.
Estas pesquisas culminaron en el mes de mayo de 2019, cuando los agentes llevaron a cabo una diligencia de entrada y registro en la oficina de farmacia, ordenada por el Juzgado que entiende del caso. En este registro fueron intervenidos 73.074 cupones falsos o indebidos que eran utilizados por el farmacéutico para la cumplimentación de las hojas justificantes de receta que, posteriormente, remitía para su cobro.
Según ha indicado desde la Policía Nacional, la farmacia realizaba distintas acciones para conseguir el fin defraudatorio, siendo la más significativa la denominada como «vaciado de tarjetas», es decir, la retirada no autorizada por el farmacéutico de medicamentos que figuraban prescritos en la receta electrónica de los usuarios.
Se trataba de una dispensación simulada, ya que no se producía la entrega efectiva del medicamento y se hacía uso de los cupones-precintos falsos para la obtención de beneficio económico fraudulento. Esto conllevaba, en muchas ocasiones, un perjuicio para el usuario ante la imposibilidad de retirar los medicamentos prescritos por su médico.
Los investigadores han constatado que se trataba de una actividad organizada e integrada en el funcionamiento habitual de la farmacia, con el conocimiento y colaboración de todos los empleados que la llevaban
desarrollando durante los últimos ocho años, perfeccionándose con el paso del tiempo. En este sentido, la Policía Nacional ha indicado que «prueba de ello es que, en la actualidad, tenían en su poder una gran cantidad de tarjetas sanitarias de usuarios que gestionaba la farmacia con total autonomía».
Además, dentro de las instalaciones existía una dependencia dedicada, en exclusiva, a la confección de los documentos falsos que posteriormente se remitían para su facturación al Sistema Andaluz de Salud. Otra muestra de la «profesionalización» que había alcanzado es la contratación de los servicios de una imprenta para la confección de los cupones-precinto falsos, con lo que obtenía copias de gran calidad y lograban una gran similitud con los originales.
Así, tras la investigación se ha concluido que la cuantificación económica de la estafa asciende a más de 2 millones de euros que es el sumatorio de los 600.989,70 euros defraudados al Servicio Andaluz de Salud y, por otro, del valor de los documentos que se intervinieron al farmacéutico.
