El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, no ve ninguna polémica en el que diputado del PP por Huelva, Juan José Cortés, cobre su sueldo como parlamentario junto con la pensión de incapacidad permanente absoluta que tiene concedida. Según ha apuntado, esta compatibilidad es lo que la organización defiende para el futuro.
Cortés, padre de la niña Mari Luz asesinada en 2008, ha declarado en el Congreso un único ingreso del año pasado los 25.780,02 euros que percibió por una pensión por incapacidad permanente absoluta, que está exenta de tributación por IRPF.
Se trata, según explicó el propio parlamentario a ‘El Plural’ de una incapacidad que le fue diagnosticada «hace 6 o 7 años» y reafirmada «hace 2 o 3 años» como consecuencia de «cinco hernias discales» y «una fuerte depresión reconocida en un informe clínico». Según el ‘popular’, es una situación «crónica y que no tiene cura».
La situación de Cortés deberá pasar ahora por la Comisión del Estatuto del Diputado, que es quien decide si puede compatibilizar esta pensión con su sueldo de parlamentario. En ocasiones anteriores sí lo ha autorizado.
Así lo recuerda también el presidente del CERMI, quien apunta que otros diputados con pensión han podido ejercer su labor en la Cámara Baja a pesar de tener diagnosticadas incapacidades. «Se trata de personas a las que un problema de salud, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo les impide seguir realizando la misma función que estaba haciendo o en la mismas condiciones», explica.
PIDEN QUE NO SE LES EXPULSE DEL SISTEMA
En declaraciones a Europa Press ha señalado que no ve «especial problema» en que esta situación se pueda dar e, incluso, ha defendido que esta compatibilidad es una demanda del propio CERMI.
Para el comité, alguien que adquiere una «incapacidad sobrevenida» no debe ser expulsada del sistema laboral con una pensión pasiva, sino que se debería intentar «retener talento» y «la productividad de una persona» reacondicionando el puesto de trabajo y el entorno laboral para que esa persona «pueda seguir desarrollando su potencial».
Pérez Bueno apunta que el sistema de seguridad social española es «muy rígido en general» y cuando se cobra este tipo de pensiones está, también, «castigando» que esa persona pueda trabajar. «Nosotros como tendencia y horizonte reclamamos una compatibilidad razonable e inteligente entre las prestaciones de la Seguridad Social y la posibilidad de seguir trabajando en una ocupación similar u otra adecuada las actuales circunstancias del trabajador», ha insistido.
«Las personas activas son un bien social, pagan impuestos derivados de las rentas de su trabajo, cotizan por la nueva ocupación, salen de casa y consumen y, por tanto, el sistema debe favorecer la continuidad en el empleo de personas», ha declarado, antes de señalar que le consta que la Seguridad Social ya está abordando este tema para lograr una mayor flexibilidad en el futuro.
