El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la resolución del contrato de acondicionamiento de 12 kilómetros del tramo San Bartolomé de la Torre-Alosno de la carretera A-495, en la provincia de Huelva, que se firmó en enero de 2010 por 11,7 millones de euros.
Las obras, de hecho, se llegaron a iniciar el 3 de noviembre de 2010, pero casi ocho meses después se ordenó su paralización por “falta de disponibilidad presupuestaria”.
Así, según ha informado la Junta en una nota de prensa, después de años sin retomarse la actuación, la Agencia de Obra Pública ha procedido a la resolución del contrato con la propuesta de abono al contratista de 497.513 euros: 469.927 euros por obra paralizada pendiente de ejecutar, 32.990 euros como gastos de mantenimiento de avales y 27.586 euros por gastos incurridos.
De otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado el pago, a través de contratos de emergencia, para los servicios mínimos de
conservación de carreteras en la zona norte de Huelva. Esta partida mantendrá en condiciones óptimas de seguridad estos tramos de carreteras mientras se culminan los nuevos contratos, que salieron a licitación el pasado mes de septiembre y que se encuentran en fase de evaluación de las ofertas.
La cuantía asignada es de 506.817 euros para 292 kilómetros. Como han remarcado, este contrato de emergencia garantizará el nivel óptimo de seguridad en las carreteras ante cualquier incidente, ya sea meteorológico, por accidentes o incendios hasta que se culmine la tramitación de los nuevos contratos, que tendrán una vigencia de cuatro años más uno prorrogable, es decir, de mayor duración que los anteriores, algunos de los cuales habían caducado sin posibilidad de renovación.
Según han indicado, el anterior gobierno había establecido que los contratos de conservación de carreteras tuvieran una duración de dos años con la posibilidad de una única prórroga de dos años más. Con esta fórmula, estaban en riesgo de caducar, al inicio de este mandato, 32 de los 35 contratos a nivel regional, aunque cinco de ellos se podían resolver en tiempo y forma gracias a que expiraban en los primeros meses de 2020.
Para el resto de contratos, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha hecho “un importante trabajo” para normalizar su situación con la convocatoria de nuevos concursos de adjudicación. Sin embargo, en algunos se ha tenido que recurrir a la fórmula de los contratos de emergencia al “no disponer de margen de maniobra suficiente”.
En el presente año 2019 se han resuelto la situación de doce contratos, que ya están operativos por un importe de 65 millones de euros, mientras que otros once se encuentran en la fase final de su contratación por 83,5 millones y otros diez -entre ellos los
dos en los que se ha declarado los servicios mínimos- están en fase de
evaluación de candidaturas con un presupuesto base de licitación de 71,4 millones. Todos los nuevos contratos tienen una vigencia de 48 meses más una prórroga de doce meses más.
